El banco malo entra en funcionamiento

El banco malo entra en funcionamiento

El contribuyente es la única persona que trabaja para la Administración sin tener que aprobar oposiciones
Ronald Reagan

 Aunque como está el patio, a más de uno «banco malo» le suene a pleonasmo, la actualidad nos obliga a referirnos hoy a esta peculiar institución jurídico-financiera que, si la quieren buscar en la Ley, se llama Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Y es que, ¿qué mejor día  para presentar una institución que viene a poner fin al estado de terror, espanto y pavor inmobiliario que vivimos, que el previo a la noche de Halloween? ¿Será un presagio de lo que nos espera?

Como quién tira salvavidas tras un naufragio, el Gobierno se ha dispuesto a aprobar un paquete de medidas destinado, de acuerdo con su nivel de implicación, a los distintos tipos de afectados por el colapso inmobiliario. En concreto, las medidas se regirán por las reglas marcadas en la Ley 8/2012 de 30 de Octubre, sobre saneamiento y venta de los activos  inmobiliarios del sector financiero, y se destinarán a sanear las cuentas de todos aquellos bancos que, con la venia de constructoras, inmobiliarias y ciudadanos, se dedicaron a construir y de paso destruir nuestro precioso litoral.

Fuente: ABC

Críticas aparte, lo que está claro es que en este punto urgen las soluciones. Ahora bien, no nos hagamos ilusiones. Tanto el banco malo como las medidas apuntadas por esta ley van a ayudar a clarificar la situación de un sector todavía acuciado por la desconfianza, pero lo que va a salir de ahí, es todavía incierto. En otras palabras: que nadie se sorprenda si el porcentaje declarado de activos tóxicos inmobiliarios comienza a incrementar en los próximos tiempos.  De hecho, la propia norma ya prevé esto en su Exposición de Motivos: «en el supuesto de que las entidades de crédito, para cumplir con los nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario, deterioren su solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resulten deficitarios, habrán de prever en su plan de cumplimiento las medidas alternativas que garanticen lo previsto en esta Ley […]».

En esta línea, quizás la medida más importante que prevé la ley sea la obligación de solicitar apoyo financiero público al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que se ha dotado con 15.000 millones de euros de fondo y una provisión (en forma de avales) que podría alcanzar los 66.000 millones. Otras de las medidas más destacadas son las siguientes:

• La constitución de sociedades de capital, a las que las entidades de crédito deberán aportar todos los inmuebles intoxicados, para valorarlos con la realidad de mercado.
• La moderación de los aranceles notariales y registrales, a fin de evitar un mayor encarecimiento del coste del saneamiento y reestructuración financiera (dado que la medida está destinada a reforzar la solvencia bancaria, es lógico que se ajuste al máximo el coste en estos campos)

Como siempre, el dilema de esta medida está en el hecho de que el Estado se dedique a comprar activos de ínfima rentabilidad a un precio que oscila el de mercado y el contable, lo que en Román Paladino quiere decir que a los gestores de la hecatombe inmobiliaria se les va a sacar las castañas del fuego a un precio bastante módico. Entidades por cierto, que en muchos casos no han tenido repartos en suspender pagos y dejar a sus proveedores al borde de la quiebra (con honrosas excepciones, todo sea dicho).

Ya se están adelantando datos, y los pagos oscilarán las siguientes cuantías:

ü  Valor medio: 36,9% del valor actual; con un crecimiento del precio de la vivienda nominal de más del 10% al año y real de casi el 30%, me parece un pago bastante alto.

ü  Vivienda nueva: 55,8% del valor actual.

ü  Promociones sin terminar (en manos de bancos): 36,8% del valor actual.

ü  Préstamos a promotores: 54,4% del valor actual.

Fuente: Expansión

En fin, supongo que en el punto en que nos encontramos no nos queda otra que buscar soluciones. Pero, no puedo dejar de preguntarme por qué paralelamente a estos salvavidas a la banca, no discurren otro tipo de medidas al largo plazo. ¿Cómo cuál?

Se me ocurre que como la que aprobó ayer el Gobierno de los Países Bajos, que impone un código deontológico a los banqueros; una medida que en opinión del que escribe, quizás debiera implementarse en un país castigado por los desahucios por la ejecución de deudas hipotecarias y recientemente salpicado por el escándalo de las participaciones preferentes.

Agustín M.Lasanta
DEPARTAMENTO JURÍDICO