Ya hay un anteproyecto para la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tramitará el Gobierno. Este anteproyecto ha sido valorado por los profesionales del sector jurídico y más de un 70% considera que no es favorecedor para el sector.
Entre las principales reformas destaca la incompatibilidad entre procuradores y abogados. Los procuradores desaparecerían de nuestro panorama judicial si el anteproyecto llega a ser aprobado tal y como se ha propuesto.
La gran mayoría de profesionales del sector, abogados, magistrados o fiscales, han valorado la desaparición de los procuradores como negativa. Muchos se oponen a que sean los abogados los que lleven a cabo el trabajo de procuradores.
Emmanuel Huybrechts
El problema puede radicar en que la figura del procurador ha sido tradicionalmente desconocida y por tanto siempre se han cuestionado sus funciones. El procurador es el profesional encargado de representar a los clientes, el encargado de actuar en su nombre. Así mismo el procurador conecta el tribunal con su cliente y la otra parte, realiza todos los trámites de comunicación procesal. En cierto modo, el procurador es el perro lazarillo que guía a las partes en el complejo procedimiento.
Además la nueva medida propuesta por la ley encarecerá aún más si cabe la justicia, puesto que si los Colegios de procuradores dejasen de asumir los gastos de notificación a las partes intervinientes, es decir dejasen de realizar todos los trámites de comunicación procesal pertinentes, se generaría para la Administración un mayor gasto pero también para el ciudadano.
Por otro lado, el acceso a la Justicia se hará más caro porque en este anteproyecto se propone una liberalización de los precios, la cual tendría una consecuencia directa en la competencia del mercado. Asimismo los profesionales de la justicia dudan de que esta propuesta suponga mejores servicios a la ciudadanía.
Con este anteproyecto se pone en peligro el control ético de la profesión, además se facilita el intrusismo y la competencia desleal. De cara a la ciudadanía no solo se encarece la justicia sino que la agilidad de los procedimientos se menoscaba y por tanto ciertos derechos se podrán ver afectados por las dilaciones de los procesos.
Los principales implicados en esta reforma no están de acuerdo con ella, por lo que cabe preguntarnos si este anteproyecto ha sido lo suficientemente valorado por quienes lo han propuesto.
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