El lenguaje jurídico, al igual que el de otras áreas del conocimiento y de la técnica, posee caracteres propios que lo singularizan como un lenguaje sectorial de carácter técnico y administrativo. A diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos de la ciencia o de la técnica, el lenguaje jurídico se halla en estrecha relación con la vida y los intereses de los ciudadanos. Afecta a todos ámbitos de su existencia desde su nacimiento (incluso antes) hasta su ausencia definitiva (e incluso después).
Las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el inicio de la democracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los juristas pero que, al mismo tiempo, no les comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad.
La ciudadanía tiene derecho a comprender las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Para hacer efectivo este derecho, se incluyó en el Plan Estratégico para la Modernización del sistema de Justicia el compromiso de constituir formalmente una Comisión para la modernización del lenguaje jurídico.
Este post pretende ser una síntesis de los principales conceptos recogidos en el Informe elaborado por la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico.
Vocabulario:
El análisis del vocabulario de los textos jurídicos pone de manifiesto dos hechos evidentes:
- Por un lado, que es uno de los principales responsables de que el lenguaje jurídico sea poco accesible o, a veces, inaccesible para el ciudadano medio.
- Por otro, que es un aspecto cuya solución resulta compleja, dado que se trata de un vocabulario técnico, especializado, que exige una alta precisión semántica.
Para mejorar la claridad, los profesionales del derecho han de explicar o “traducir” estos particularismos lingüísticos que continúan replicándose en formularios, plantillas, resoluciones judiciales, contratos y otros documentos jurídicos y sustituirlos, en el caso de que sea posible, por términos del lenguaje común.
Las propuestas para mejorar la claridad de los términos y expresiones empleadas se plantean desde un triple enfoque:
- Arcaísmos
- Locuciones latinas
- Terminología técnica
Para el caso de los arcaísmos que no sean tecnicismos, se recomienda sustituirlos por palabras del lenguaje común o, en su caso, explicarlos a continuación del término o expresión.
Ejemplo:
De todo lo anterior, (…) hemos de concluir (…) que ha de darse como acreditado el relato de los hechos (..), relato respecto del cual, tanto acusado como perjudicada han dado una mendaz versión …
Mendaz: falsa
Para el caso de las locuciones latinas, por otro lado, se recomienda la sustitución por su significado en castellano o, en su defecto, incorporar su traducción entre paréntesis.
Ejemplo:
Iuris tantum (que admite prueba en contrario).
Por último, se recomienda explicar la terminología técnica cuando sea posible, dado que en la actualidad no se dispone de una tabla de sustituciones consensuada por las autoridades e instituciones competentes.
Para finalizar se recomienda visitar la página web del Ministerio de Justicia, desde la que podrá obtener una información más amplia y variada en relación con la modernización del lenguaje jurídico, así como consultar los resultados de los informes de la Comisión.
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