La Convención sobre los Derechos del Niño entiende que “un niño es aquel ser humano que es menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. No obstante, cabe señalar que dentro de la niñez se distinguen varias etapas de desarrollo:
- Lactante (bebé): desde su nacimiento hasta los 12 meses.
- Infancia (infante): desde el año hasta los 6 años.
- Niñez (niño/a): desde los 6 años hasta los 11 años.
- Preadolescencia (preadolescente): desde los 11 años hasta los 13 años.
- Adolescencia (adolescente): entre los 13 y los 18 años.
Cada etapa está marcada por una serie de cambios, tantos físicos como mentales y emocionales, que pueden verse afectados por un ambiente familiar problemático. La intervención social con menores es la clave para trabajar sobre estas casuísticas en pos de su correcto desarrollo vital.
Protección legal
La Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990, constituye el marco universal de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
La protección legal del menor es objetivo primordial de todo estado democrático y de derecho. Bajo las directrices establecidas en la convención, todos los países firmantes deben desarrollar su ordenamiento jurídico con el único fin de velar por el bienestar de los infantes.
Al amparo de la Constitución Española y de esta convención, España ha desarrollado, tanto a nivel estatal como autonómico, medidas de protección para la infancia y sus derechos, así como para la prevención del maltrato infantil y juvenil.
La Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional más apoyado de la historia. Son 195 los países que han firmado y ratificado el acuerdo, a excepción de Estados Unidos y Sudán del Sur. El caso de Estados Unidos es especialmente llamativo ya que, aunque la firma se llevó a cabo, el tratado no fue ratificado por el Senado. Justifican su postura alegando que “los derechos del niño entran en conflicto con los de los padres”.
Situaciones de riesgo en menores
Cuando se habla de menores en situación de riesgo social se refiere a aquellos infantes que se encuentran inmersos en una dinámica familiar disfuncional. El sistema familiar adolece de problemáticas que dificultan su correcto y normal desarrollo físico, psíquico y social.
Problemáticas como desestructuración familiar, pobreza, bajo nivel cultural, adicciones, violencia, desempleo, enfermedad, … que, de no remediarse, pueden desembocar en conductas perjudiciales tanto para el infante como para su entorno.
Es por ello por lo que es primordial llevar a cabo una intervención social con menores y jóvenes en dificultades para incidir sobre los factores que les perjudican a fin de facilitar su correcto desarrollo previniendo futuras problemáticas conductuales.
Intervención social con menores desde el Trabajo Social
Una intervención social, entendida como una acción programada dentro de un marco normativo y teórico, se diseña con el objetivo de producir un cambio o mejora. Puede comprender la colaboración entre diferentes disciplinas y profesionales que, desde su ámbito competencial, busquen alcanzar un mismo objetivo en la persona o colectivo.
Desde la disciplina del Trabajo Social, una de las características sustanciales de su praxis, es considerar a la familia como objeto de análisis e intervención. Constituye el punto de partida y de llegada para cualquier abordaje, que buscará el desarrollo de recursos, tanto a nivel individual como del sistema familiar.
El Trabajo Social entiende la familia como un sistema social, donde el problema de un miembro afecta al resto del grupo familiar. Hecho que se extiende tanto a situaciones disfuncionales conflictivas como para las normales que se pueden dar en cualquier momento del ciclo evolutivo.
Es por ello preciso desarrollar e implementar estrategias no sólo de intervención social sino también de prevención de los factores que aumentan el riesgo de que el infante y su sistema familiar se vea abocado a una situación de exclusión social.
Actual situación en España
Save the Children, en su estudio “Garantizar el futuro de los niños y niñas: cómo acabar con la pobreza infantil y la exclusión social en Europa”, afirma que España es el tercer país de la Unión Europea como mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil.
Uno de cada tres niños/as españoles viven en hogares con baja intensidad de empleo y carencias materiales severas, es decir, que viven por debajo del umbral de pobreza. Situación que se ha agravado tras la crisis por la pandemia de Covid-19.
El informe también desmitifica el hecho de que el empleo es una garantía de no crecer en la pobreza, ya que cerca del 40% de estos menores en riesgo, proceden de hogares cuyos progenitores tienen un trabajo.
Informes como el presentado por Save the Children recuerdan la imperiosa necesidad de abordar la problemática de este colectivo a través de la intervención social con menores. Es vital diseñar abordajes integrales que ayuden a paliar o al menos reducir estas desigualdades para el correcto desarrollo de los infantes.
Se insta a los poderes públicos a desarrollar medidas integrales que favorezcan a las familias con menores en riesgos de pobreza. Propuestas como el acceso efectivo y gratuito de las familias a servicios básicos como la educación, nutrición saludable, el acceso a una vivienda adecuada o atención sanitaria de calidad ayudarían a reducir o minimizar la situación de vulnerabilidad de muchos niños y niñas del mundo.
